La participación ciudadana una exigencia de las democracias Latinoamericanas

Las democracias liberales latinoamericanas, soportadas en sistemas de representación política se encuentran en crisis, reflejado en altos niveles de abstencionismo en la elección de los representantes, inconformismo con las decisiones y acciones de los Estados, bajos niveles de credibilidad en las instituciones gubernamentales y políticas, producto de los altos índices de corrupción, clientelismo, populismo y restricción de libertades y derechos políticos.
Se ha escrito mucho sobre la transformación de los partidos políticos, sobre la crisis de representación y por lo tanto la palabra democracia vuelve a ser resignificada a raíz de nuevas prácticas ciudadanas. Un informe de participación del PNUD indica que aunque ha habido grandes avances en la participación ciudadana en el continente, en varios países existe todavía una gran falta de vínculo programático entre las demandas ciudadanas y las ofertas de los partidos políticos, ya que es el clientelismo político de transacciones por intereses particulares los que han determinado la lógica política.

Adicionalmente, existen factores estructurales de estas sociedades que disminuyen la calidad de las democracias, entre los cuales se encuentran la desigualdad social y económica, que determina asimetrías de poder, recursos, información y acceso al conocimiento entre los diferentes sectores de la sociedad. Generando así una gran sub representación en cuestiones de reconocimiento de género, grupo etario, identidad étnica y poblaciones vulnerables. Al  punto que hay ciudadanos no son conscientes de sus derechos y es más, le son negados en favor del exceso de bienestar de otros ciudadanos.

Sin embargo, la ciudadanía ha optado por mecanismos de movilización social como una de las tantas formas en la que la ciudadanía puede participar en la construcción del Bien Común. Hace ya algunas décadas que los Movimientos Sociales en América Latinan vienen redefiniendo el espacio público, demandas de la sociedad que no son canalizadas a través de partidos políticos, sino que la sociedad civil se organiza, protesta y propone nuevas acciones al Estado. Desde el reclamo por el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos originarios, hasta las distinta reivindicaciones por cuestiones de género o movimientos en favor del cuidado del medio ambiente.Y en la vida contemporánea han jugado un papel fundamental las redes sociales en la conformación de asuntos de interés público que han generado movilizaciones multitudinarias en un montón de localidades, desde grandes capitales hasta las ciudades más pequeñas. En las más variadas problemáticas sociales que aún no tiene una respuesta real y concreta desde el Estado.Es así como se pudo observar el pasado el 3 de junio, que nos dice que algo que está pasando con la participación ciudadana, ya que mucha  gente que por primera vez sale a la calle a participar o se suma alguna causa de la cual se siente parte. La convocatoria para manifestarse para que no haya más Femicidios en Argentina #Ni una Menos, trascendió fronteras llevándose a cabo en varios países del Cono Sur llegando hasta México. En respuesta a ello el Estado, promovido por el mundo académico, se pregunta cuál es su papel en este nuevo escenario y surgen propuestas como las de la Alianza para el Gobierno Abierto, dónde los estados se comprometen a implementar un conjunto de políticas públicas en pos de la transparencia, participación y colaboración fruto del trabajo y la interacción con la sociedad civil. Sin dudas el papel del “Tercer Sector” viene adquiriendo un papel protagónico en este proceso. Existe desde los grandes espacios de cooperación internacional un importante estímulo a “garantizar a los ciudadanos la capacidad de participación en la vida civil y política en condiciones de igualdad y sin discriminación” (PNUD)  como una forma de garantizar el derecho político.

Ahora todas estas trasformaciones no son más que una redefinición de espacios (lo público/los privado), de vínculos (estado/ciudadano). Y es importante subrayar que en esta redefinición el Estado juega un rol fundamental para que la participación ciudadana sea posible, real, efectiva. Que no pasa sólo por realizar elecciones cada 5 años, sino también la responsabilidad de no reprimir a los ciudadanos cuando salen a la calle a manifestarse o restringir las libertades políticas, la obligación de formar a los ciudadanos acerca de sus derechos y de cómo ejercerlos.

Es evidente que para que la participación de los ciudadanos sea cada vez más activa,  porque en cierta forma es un buen camino que enriquece y llena de más contenido la palabra democracia, es necesaria una nueva institucionalidad y nuevos instrumentos de gestión del gobierno y sus políticas, desde un marco legal que la haga posible, hasta recursos técnicos, organizativos, nuevos espacios de interacción, informáticos, económicos que permitan una redefinición de un vínculo estado-sociedad, que necesita ser resignificado.

En conclusión la crisis de la democracia representativa lationamericana ha llevado a motivas los procesos de movilización social que en muchos escenarios han desencadenado en odios, represión, violencia, y desintegración social (sin estigmatizar la movilización social como ejercicio de los derechos políticos, esta ha sido una realidad constante); lo cual podría transformarse si se modificará la relación vertical Estado-sociedad por una más horizontal, mediante la cual los asuntos sociales se puedan tramitar en mayor igualdad por parte de la sociedad civil, fortaleciendo la participación de la sociedad civil. Como escribe Sergio Vargas (Salta-Argentina) en su libro sobre cyber-participación “dejar la protesta para avanzar en la propuesta, dejar de ser habitantes para ser ciudadanos”  con un Estado que de más espacio a la sociedad civil.

Sin dudas relaciones de fraternidad son la plataforma por excelencia para redefinir esta relación, y de esta manera hacer que el bien común sea cada vez más una construcción común.

Los autores:

– Javier Andrés Baquero Maldonado
Administrador público con posgrado en desarrollo y políticas públicas,
Docente universitario y consultor en gobierno y políticas públicas de Colombia.

– Maria Virginia Osorio Cabrera
Socióloga. Estudiante de Master en Diseño y Gestión de Programas Sociales.
Asistente Ejecutiva de Suma Fraternidad consultora de Ong’s.