AMU apoya la intervención de primera acogida de 10 refugiados afganos, destinando las contribuciones recaudadas a cubrir los gastos de apoyo y asistencia.
Cuando en agosto de 2021 las tropas estadounidenses e internacionales comenzaron a acelerar las operaciones de abandono de Afganistán, el proceso que se creía que llevaría al nacimiento de un sistema democrático maduro y una estructura económica sólida para la autonomía del país, no había producido los resultados esperados. El retorno de los talibanes al poder después de veinte años ha llevado a la población a un estado de miedo y caos.
El espectro de la dictadura y la crisis económica y financiera (un informe del PMA estima que unos 14 millones de afganos pasan hambre) ha llevado a una parte de la población a intentar huir del país. Siguen vivas las dramáticas imágenes del aeropuerto de Kabul invadido por miles de personas desesperadas que buscan un corredor hacia Europa o hacia otros países.
Entre ellos, algunos ciudadanos afganos que la Cooperativa «Una ciudad no basta» ha acogido a su llegada a Italia y que ahora necesitan ayuda para emprender su propio camino de inclusión.
Desde su llegada a nuestro país, los 10 afganos (adultos, jóvenes y muy jóvenes) han sido acogidos en las estructuras de la Cooperativa, que desde el primer momento ha preparado los locales para la acogida y les ha proporcionado los bienes de primera necesidad.
En los días siguientes a la llegada y durante las semanas siguientes, los operadores iniciaron un proceso de mediación, conocimiento y escucha, así como de asistencia médica y burocrática. Pronto algunos de ellos también comenzarán un primer curso de italiano.
AMU apoya la intervención de primera acogida destinando las contribuciones recaudadas a cubrir los gastos de las actividades de apoyo y asistencia:
- Gastos de primera recepción, servicios públicos, alquiler, ropa, alojamiento escolar y otros gastos relacionados con las necesidades primarias – hasta 15 € por día, per cápita.
- Gastos médicos y sanitarios – hasta € 300 per cápita, durante toda la duración de la intervención.
- Gastos jurídicos relacionados con la expedición de documentos – hasta un máximo de 300 € per cápita durante toda la duración de la ayuda